La Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV) ha dado un paso significativo al implementar la Resolución N° 1058 el 14 de marzo de 2025, endureciendo el marco regulatorio para el sector cripto. Este movimiento tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de mayor transparencia y seguridad en el ámbito de las criptomonedas. Con la nueva normativa, la regulación cripto en Argentina busca equilibrar la innovación con la protección al consumidor.
La Resolución: Clave en la regulación cripto
Esta nueva normativa obliga a todos los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) en el país a registrarse ante la CNV. Mientras los individuos tienen hasta el 1 de julio de 2025 para cumplir, las empresas locales y extranjeras deben hacerlo antes del 1 de agosto y el 1 de septiembre de 2025 respectivamente. Todo el marco regulatorio estará en pleno vigor el 31 de diciembre de 2025.
Obligaciones de los Proveedores en la regulación cripto
La normativa establece rigurosas obligaciones para los PSAV. Estas incluyen implementar medidas robustas de ciberseguridad, realizar auditorías anuales y separar los fondos de los clientes de los recursos propios. Asimismo, se exige la transparencia en los acuerdos con terceros, como bancos y custodios extranjeros, para evitar posibles vacíos legales.
Impacto global de la regulación cripto en Argentina
La CNV se suma a una tendencia observada globalmente, donde entidades como Estados Unidos y la Unión Europea también han reforzado su supervisión en el sector. Aunque las nuevas regulaciones incurren en mayores costos para las empresas, ofrecen un entorno potencialmente más seguro y atractivo para los inversores.
Respuesta del mercado y los usuarios
Finalmente, en un contexto donde las criptomonedas han cobrado popularidad en Argentina como respuesta a la inflación, la industria ha respondido con cautela. Muchos aplauden la claridad regulatoria que ofrece la nueva regulación cripto, mientras que otros temen que pueda perjudicar a los pequeños emprendedores. La CNV ha subrayado que la consulta pública ha sido esencial para lograr un equilibrio regulatorio.